Desde un principio, hace ya veinte años, en La Hornacina siempre hemos puesto en tela de juicio -bien a través de la denuncia directa, bien a través de la actualidad que manda en la vertiginosa cultura tecnológica que vivimos a la hora de informar- el historial de intervenciones -no confundir con restauraciones- que han desvirtuado nuestro patrimonio. Unos atentados a la integridad de las obras de arte que, lejos de conservar o restituir sus valores -como así muchas veces se han promocionado-, han supuesto modificaciones, añadidos o mutilaciones de diversa índole con distintas finalidades, casi siempre por influencia de las modas y nunca con efectos positivos.

Este tipo de intervenciones ha sido una constante desde hace siglos en el arte sacro, especialmente el vinculado con las hermandades y cofradías. Si en otros campos la educación patrimonial dio lugar, con el tiempo, a una mayor conciencia de conservación que impulsó notablemente la restauración dirigida a devolver las obras de arte a su estado original con criterios estrictamente conservativos, en el mundo cofrade siguen vigentes los cambios rodeados de polémica que van dirigidos al embellecimiento o mejora estética de las imágenes sin respetar sus rasgos originales, muchas veces porque los retoques son practicados por los que quieren dejar su sello personal en las mismas.

En las últimas décadas lo anterior se ha agravado como consecuencia de la cultura de Internet y el auge de las redes sociales -que, por otra parte, también se han convertido en un eficaz instrumento de denuncia- ya que su difusión a través de las mismas -debido a que los medios de comunicación nos nutrimos cada vez más de sus tendencias- genera un impacto mediático que, en ocasiones, lejos de un pensamiento crítico que blinde dentro del adecuado marco legal la protección del icono como bien patrimonial, encumbra la chapuza y hasta beneficia al chapucero y también, gracias al turismo de masas, al entorno donde dicho bien recibe culto. Un fenómeno denominado "eccehomonización" por el historiador Jesús Ángel Sánchez Rivera a raíz del grotesco desaguisado de la recientemente fallecida Cecilia Giménez en el Ecce Homo de la localidad aragonesa de Borja (Zaragoza).

De todas formas, aunque como señala Rivera la sociedad actual esté sumida en la banalización de los productos culturales -entre los que también se cuentan las manifestaciones artísticas del pasado- y la "eccehomonización" se haya revelado como espectáculo banal y delirante que tiene su mayor aliado en los mass media, nunca podríamos haber imaginado que el pasado año ese show business que implantó el Ecce Homo de Borja estuviese protagonizado por la Virgen de la Esperanza Macarena. La dolorosa más universal, hablando en plata.

Cierto es que, desde hace casi cincuenta años, el aspecto de la Macarena venía siendo cuestionado por todo aquel con una mínima formación en conservación y restauración, pero nadie esperaba que, el pasado junio, ello iba a derivar en una serie de desastrosas intervenciones que no se vieron reparadas del todo hasta seis meses después, generando un circo mediático al son de la diversión y el escarnio público con una de las grandes devociones del mundo -hasta entonces poco menos que intocable incluso en los ámbitos más críticos- y retratando de paso las dinámicas de poder institucional y simbólico que siguen operativas en el ámbito de la conservación patrimonial sevillana. El icono que, al ser tantas veces imitado, conllevó no solo infinidad de copias, sino también muchos ultrajes con la transformación de otras dolorosas que nada tenían que ver con su estilo para hacerlas a su imagen y semejanza, pasó a ser el icono ultrajado.

Por encima de denunciar como nunca las manos en las que se encuentran estas piezas únicas en el mundo, el estropicio exprés fue un catálogo de lo que nunca se debe hacer con ellas para frenar su deterioro: no hubo un diagnóstico previo que incluyera con detalle un estudio histórico de la obra y su significado, no se aplicó un tratamiento conforme a la ética más básica de la restauración, la intervención directa -que fue todo menos compatible, armónica y estable-, tampoco se acompañó de un correcto análisis de las patologías y su origen, y ni mucho menos el "proceso" estuvo sustentado en una documentación pública y completa que recogiese recomendaciones para su conservación a la larga.

Muchas veces nos han preguntado por qué no nos hicimos eco entonces del despropósito. Llevan razón quienes dicen que estábamos en la obligación de hacerlo, en cualquier caso. Creemos que la respuesta la estamos dando públicamente ahora: por un lado, no quisimos formar parte de ese circo -mucho menos por lo rentable que salió en época de sequía informativa-, y por otro, no hubiéramos tenido sueldos para pagar la sentencia condenatoria a sus responsables si hubiéramos dicho lo que pensábamos en ese momento. Unos responsables, por cierto, que amenazaron y denunciaron a varias personas por los daños morales que les causaron sus comentarios. No nos hemos enterado que entre esas personas se encuentren profesionales de la información que hayan ejercido honestamente su trabajo, pero aun así no podemos evitar pensar en el daño emocional de quienes, probablemente, hubieran estado más legitimados como denunciantes.