Desde 1978, con la llegada de la Democracia, en nuestro país se había mantenido un rechazo absoluto ante determinados comentarios, actitudes o actos que incurrían y atentaban contra los derechos fundamentales de las personas.

Salíamos de una dictadura, donde amparándose en la llamada Ley de Vagos y Maleantes, los poderes del Estado mermaban, los ya escasos, derechos de las personas. Gitanos o personas LGTBI+, por poner un ejemplo, así como una gran parte de la ciudadanía que no entraba dentro de los cánones de la moralidad y religiosidad del régimen sufrían, un día sí y otro también, encarcelamientos, persecución y represión.

Como decía, la llegada de la Democracia supuso el amparo de los derechos recogidos en el Título 1 de la Constitución, que en su art. 14 dice "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Durante años España ha ido avanzando en la protección de derechos, ampliando la cobertura hacía los colectivos que, por su raza, su origen nacional o étnico, idioma, color, religión, sexo, edad, discapacidad intelectual o física, orientación sexual u otro factor similar, precisaban de un mayor apoyo institucional para lograr su plena inclusión en la sociedad. Los avances sociales de España han sido reconocidos por las sociedades más avanzadas del mundo, siendo ejemplo de respeto y diversidad.

Pero lamentablemente en los últimos años estamos presenciando una legitimación de los discursos de odio, una tolerancia hacia comentarios, manifestaciones y acciones que merman la libertad de aquellos ciudadanos, que como ya ocurría en la época de la dictadura franquista, no entran dentro de los cánones de heteronormatividad, masculinidad y tradición. Un discurso que ha llegado incluso a las más altas instituciones del Estado y que últimamente está, tristemente, integrándose en gobiernos autonómicos.

La reminiscencia de la dictadura, el sentir una supremacía moral abalada única y exclusivamente por el rechazo a la diversidad, el vender un discurso basado en la mentira y en el miedo, están haciendo que nuestro país retroceda a pasos agigantados en las libertades y derechos individuales. El diferente, el de enfrente, no es un enemigo, su diferencia no merma mi libertad, su color no cambia el mío, o su amor no interfiere en mis gustos personales, entonces ¿por qué ese empeño en destruir la diversidad? ¿Por qué se están resucitando y legitimando postulados que atentan contra la libertad y la seguridad de las personas?

No es casualidad que durante el año 2021 los delitos de odio en nuestro país aumentaran en más de un 40 %. Este aumento de los delitos es proporcional a la instauración de aquellos que los legitiman. Dentro de este 40 % de aumento, más del 25 % fueron contra personas del colectivo LGTBI+, suponiendo un 70 % más que el año anterior.

Mariquita, degenerado, invertido, tortillera, bollera, enferma, etc., son algunos de los adjetivos que muchas personas del colectivo LGTBI+ soportamos a diario, en paseos por la calle, en colegios e institutos, en los puestos de trabajo; esto en el mejor de los casos, puesto que a diario vemos agresiones físicas, palizas, etc., que, en muchas ocasiones, acaban con el fallecimiento de la víctima.

Es por ello que la Sentencia del Tribunal Supremo, condenando a 10 meses de cárcel a cuatro guardias civiles por comentarios homófobos contra un compañero, supone una ejemplarizante sentencia, que saca a la luz la marginación y humillación que muchas personas sufren en sus entornos laborales.

Los delitos de odio son una realidad en nuestras ciudades y pueblos, abalados por los discursos que fomentan, promueven o incitan, directa o indirectamente el odio y la hostilidad, la discriminación o la violencia. Por todo ello se debe hablar de ellos, estudiarlos, analizarlos, pero sobre todo denunciarlos.

No podemos seguir permitiendo la legitimación del odio, el rechazo a la diversidad, la criminalización del diferente. No podemos dar la espalda a los datos que nos hablan del aumento de las agresiones, los insultos, las muertes. Los datos tienen nombres de personas, rostros de sufrimiento, de miedo, de vidas escondidas, de amores apagados por el terror.

Todas las personas tenemos derecho a ser, sentir y vivir en plenitud. A expresarnos conforme a nuestros sentimientos, de desarrollar nuestra vida sin temor a que a tener que esconder nuestras creencias, a que nuestro color, nuestra edad, nuestro sexo o nuestra posición social no sean un obstáculo, ni una etiqueta, sino una riqueza que pluraliza la sociedad.

La felicidad es una conquista a la que todos aspiramos y un camino que solo podremos recorrer desde el respeto y la libertad.