Por si no tuviéramos bastante con la semi-absolución del caso Marta del Castillo, en los últimos días se han producido varias noticias en el ámbito de la justicia de esas que te hacen pensar y reflexionar sobre cómo está montado todo. Y parece que no sólo a mí. Cada vez son más los ciudadanos y ciudadanas que se dan cuenta de que las cosas no son tan bonitas como nos las pintan, que algo no funciona, que nos toman por tontos.

El 24 de enero, el mismo día que celebrábamos el 35 aniversario de la matanza de Atocha, el juez Baltasar Garzón se sentaba en el banquillo por querer investigar los crímenes de la dictadura franquista mientras muchos cómplices de ese régimen se están yendo de rositas. Además, Garzón tiene otra causa abierta por su investigación de la trama Gürtel y, viendo como está el panorama, me atrevo a decir que está muy cerca de ser el único condenado de dicha trama de corrupción, precisamente por querer investigarla.

El día siguiente, 25 de enero, pasará a la historia como el día en que la justicia española se cubrió de gloria. Para empezar, la fiscalía del estado decidió que no se investigará a la Infanta Cristina por su relación con Aizoon y la trama de corrupción de su marido, Iñaki Urdangarín, a pesar de que existen pruebas más que serias de que la Infanta también se benefició de los "negocios" de su esposo.

Después, Ruiz Gallardón anunció su reforma de la justicia. Modificará la ley del aborto, establecerá la cadena perpetua -traducción al castellano del vocablo en neolengua "prisión permanente revisable"- y lo más importante: introducirá el copago en la justicia, lo que repercutirá negativamente en aquellos y aquellas que menos tienen y limitará su acceso a la misma, ya que será obligatorio pagar los costes del procedimiento a partir de la segunda instancia. Más simple: sólo podrán recurrir quienes puedan permitírselo económicamente.

Para rematar el día, por la tarde Camps y Ricardo Costa fueron declarados por un jurado popular no culpables por cohecho pasivo impropio en el caso de los trajes de la trama Gürtel, a pesar de la multitud de pruebas, testimonios, escuchas, etcétera, existente. Llama la atención que el jurado afirmase que entre Camps y El Bigotes sólo había una "relación comercial", ya que Camps es un político, no un empresario. Aun así, Camps queda libre y rehabilitado y... ¿Esperando la llamada del millón de Rajoy?

Definitivamente, la justicia española ha perdido toda su credibilidad. No es imparcial, está escorada. Y lo peor es que seguirá así, ya que también a Gallardón (no lo tenía yo por escorado) se le ha ocurrido que sean los jueces quienes elijan a la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (estas son sus funciones), lo que convertirá a la justicia española en un coto cerrado, en un espacio aun más corporativista.

Si como dijo el rey Juan Carlos, "la justicia es igual para todos", la Infanta Cristina debería sentarse en el banquillo y ser juzgada por muy hija de rey que sea, no se establecerían copagos que dificultan el acudir a la justicia a quienes tienen menos recursos, se juzgarían a los mangantes y a los responsables directos de asesinatos como el de Marta del Castillo (muy pronto, podrán verlos gritando su inocencia, previo pago, en La Noria o bazofias similares), se permitiría que miles de personas tuviesen un entierro digno en lugar de seguir en fosas comunes por medio país y otras muchas cosas. Así debería ser en un país decente. Pero esto es España.